Se trata de una oportunidad para definir un posicionamiento de líneas de acción en materia de política pública para la región en torno a los 3 ejes priorizados:
1
Profundización de las desigualdades en términos de oportunidades para las y los estudiantes. El problema de la desvinculación educativa, la pérdida de aprendizajes y las dificultades propias del sistema para promover la inclusión desde una perspectiva de justicia educativa (diversidad de trayectorias, justicia curricular, infraestructura y equipamiento garantes de derechos).
2
La abrupta y radical reconfiguración de la tarea de las y los educadores frente al reto de sostener procesos de enseñanza y aprendizaje de manera remota o bien signada por los protocolos sanitarios.
3
La desigual inversión, el riesgo de profundización de la privatización, las tendencias al lucro en los sistemas educativos junto con el déficit en la planificación integral.
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